La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay resolvió este lunes iniciar un proceso disciplinario al juez que había ordenado suspender la vacunación contra la covid-19 en menores de 13 años, Alejandro Recarey.
La ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno, Rosario Sapelli, estará a cargo del proceso y Recarey continuará en el cargo hasta que se tome una decisión.
Esto ocurre luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara el 26 de julio el fallo de primera instancia en el que el magistrado suspendió la inoculación tras hacer lugar al amparo presentado por un abogado. En esa instancia se entendió que hubo irregularidades en el proceso.
En su fallo, el Tribunal de Apelaciones destaca que el abogado que presentó el amparo “no tiene legitimación” para promover ese accionamiento, “ni por sí en su calidad de abogado y ciudadano, ni en representación de los intereses difusos de los menores de 13 años de edad”.
“En sistemas como el nuestro en que existen organizaciones que se encargan de velar por los derechos de los niños, como el Ministerio Público, el INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), y diversas organizaciones no gubernamentales, no parece razonable la promoción de una acción de amparo por parte de ciudadanos o habitantes de la República, invocando representación de ‘intereses difusos’, alegando peligros hipotéticos que no se prueban”, remarca.
Asimismo, señala que no hay “ilegitimidad” en la conducta llevada a cabo por las autoridades sanitarias “a efectos de preservar la salud de los habitantes en lo que constituye su competencia exclusiva y excluyente, no pudiendo inmiscuirse un sistema orgánico en lo que constituye la esfera competencial privativa de otro sistema”.
“No se da tampoco la lesión actual o inminente porque se viene vacunando desde hace trece o cinco meses respectivamente respecto de los menores. No se probó en estas actuaciones lesión, restricción o amenaza a ningún derecho o libertad dado que la vacunación nunca fue obligatoria, siempre fue y es facultativa”, añade.
Suspensión y apelación
El 7 de julio, el juez Alejandro Recarey suspendió de manera “inmediata” de la vacunación de niños menores de 13 años contra el covid-19. La decisión fue tomada luego de que el abogado Maximiliano Dentone presentara una acción de amparo contra la vacunación de menores de edad y el juez intimara al Poder Ejecutivo y al laboratorio Pfizer para que, en una audiencia, revelaran información variada sobre las vacunas.
“El proceso que se está llevando adelante por el Poder Ejecutivo es ilegal y altamente peligroso porque no tenemos comprobadas ni la seguridad ni la eficacia de la sustancias que se están inoculando”, había dicho Dentone a La Diaria antes de la audiencia.
Esa resolución debió hacerse efectiva en 24 horas y se mantendría hasta que se publicaran “todos los contratos de compra de estas vacunas” (firmados con cláusula de confidencialidad), se informe sobre “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto —a suministrar a los responsables de los menores de edad— que informe completamente y con claridad”, expresó el juez Recarey en el escrito.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia de la República presentaron el 12 de julio un recurso de apelación al fallo del juez Recarey para revertir la decisión tomada por Recarey y continuar con la vacunación en esa franja de edad, algo respaldado por la evidencia científica.
SEGUIR LEYENDO:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg” alt=Imagen 3)
.jpeg)
